La voluntariedad de todas las partes implicadas en la creación de las comarcas y el alto grado de consenso logrado han sido rasgos fundamentales del proceso regulado por las leyes 10/1993, de Comarcalización de Aragón, 8/1996, de Delimitación Comarcal de Aragón y 7/1999, de Administración Local de Aragón. Así se adoptaron las iniciativas por parte de municipios o mancomunidades de interés comarcal basadas en estudios documentados que las justificaban, acordando posteriormente el Gobierno de Aragón la procedencia y viabilidad del ente comarcal.

A partir de ese acuerdo, se elaboró el anteproyecto de ley y se elevó para su ón por el Gobierno de Aragón como proyecto de ley. éste lo remitió a las Cortes de Aragón, acompañado de una memoria que permitía conocer a los diputados las incidencias en la tramitación, concluyendo ésta con el traslado al Pleno para su debate y aprobación.

Aprobadas las 32 leyes de creación, se constituyeron los órganos de gobierno correspondientes, los Consejos Comarcales, integrados por Presidentes y consejeros, en número variable según residentes de cada comarca, proclamados por la Junta Electoral. La delimitación comarcal de Zaragoza no está por el momento regulada a través de una ley de creación de la correspondiente comarca y se están analizando diferentes modelos para la misma.